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Al cumplir tres meses al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen adelanta que ya solicitaron las primeras órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del sexenio anterior, de un total de 18 denuncias, no solo contra ex funcionarios públicos del Gobierno del estado, sino además contra ex funcionarios de tres municipios.
Sobre una de las asignaturas de mayor reclamo ciudadano, la corrupción en la administración de Roberto Borge, el Fiscal precisa que suman 18 denuncias contra ex funcionarios públicos, de la cuales hay cuatro del municipio de Solidaridad, una más de Isla Mujeres y otra más de Benito Juárez.
Estas denuncias no incluyen los despojos en Tulum, en los que están implicados ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo, las juntas de Conciliación y Arbitraje y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
Para estas investigaciones, revela, si bien no se creó una unidad especial en la FGE, si hay grupo que fue reforzado “con gente de mayor confianza”.
Y revela:
“Ya hay las primeras (denuncias) judicializadas y en las próximas semanas seguiremos judicializando todas aquellas que sean necesarias, para solicitar las órdenes de comparecencia o las ordenes de aprehensión”.
¿Ya hay órdenes de aprehensión?– pregunta el reportero.
“Ya solicitamos, ya solicitamos”, adelanta, aunque se reserva los nombres de los indiciados.
Leyes blandas contra corruptos
Sin embargo, acota que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé duras sanciones contra los servidores o ex servidores públicos corruptos.
Precisa que en el caso de “negligencia en el desempeño de la función”, la pena es de tres meses a seis años; “abusos de autoridad” de dos a 10 años y peculado de uno a 10 años.
Pero además precisa que solo la nueva ley federal prevé privación de libertad oficiosamente en “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de de personas, delitos cometidos por medios violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley de Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.
Tras un traumático cambio de Fiscal, Pech Cen, que asumió el pasado 21 de diciembre de 2016, reconoce que la FGE padece rezagos “muy visibles en diferentes áreas”, pero que además tiene que atender “el día, día”.
“Hemos estado avanzado muy lentamente, no porque así lo queramos. Es indudable que tenemos algunos rezagos de investigación debido a múltiples factores, que no son justificantes, pero que es una realidad”, señala.
Al interior de la FGE, también ha encontrado irregularidades y ha iniciado procedimientos contra funcionarios, entre algunos que, sin ningún nombramiento, devengaban un salario.
“En mis tiempos los llamábamos ‘aviadores’, ahora les dicen asesores”, acota.
Sólo del 21 al 31 de diciembre, refiere, más de siete personas que ostentaban cargos de jefes de área sin trabajar, fueron dados de baja.
“Y continuamos poco a poco solicitando la renuncia de personas sin nombramiento o por participar en alguna situación ilícita”, agrega.
También señala que detectó que “durante 11 años, la Oficina Central de Recuperación de Vehículos no había devuelto ningún automóvil”.
“Después de 11 años, hemos devuelto, de enero a la fecha, 20 vehículos”, destaca.
Y revela:
“Se encontraban, se recuperaban, se aseguraban y se utilizaban de forma distinta”.
Generalmente, apunta, “se usaban también para los servicios de alguien”.
Pero, además, se suman las carencias en infraestructura, equipo y materiales.
“Carencias terribles”
Aunque anticipa que es “enemigo de dar las cifras”, por lo cual no puede cuantificar el monto de rezago en infraestructura y equipamiento, reconoce que la FGE enfrenta una “carencia terrible”.
El caso más emblemático es el edificio de Justicia Penal de la Vicefiscalía de la Zona Norte, en la que la anterior administración dejó la “estructura metálica solamente”, pero, además, el presupuesto para 2017 está cancelado por lo que se reanudaría hasta 2018.
Las carencias, alcanzan las balas para las armas de elementos de la Policía Ministerial, por lo que el Fiscal espera que la Secretarías de Defensa Nacional, en lugar de tardar de 10 a 12 meses para dotar de municiones, pueda ser en cuatro o cinco meses.
Sin embargo, en días pasados, la FGE obtuvo 76 millones adicionales, que se aplicarán entre otros requerimientos, para edificación de “semefos” y equipamiento para servicios periciales.
Otras ‘herencias’, son los casos de violaciones a los derechos humanos en agravio de Héctor Casique, quien fue sometido a tortura, tras ser acusado de participar en una ejecución múltiple, y del periodista maya Pedro Canché.
Y acota que el próximo 30 se daría cumplimento a las recomendaciones del Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Héctor Casique.
Fuente: NOTICARIBE.
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