Monreal propone elevar a rango constitucional la justicia digital

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para modificar el artículo 17 de la Constitución, con el fin de elevar a rango constitucional la justicia digital.

“En el Senado de la República seguiremos legislando en beneficio de una pronta y expedita justicia, así como el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta forma el Estado de Derecho”, señaló.

El senador indicó que el objetivo de la reforma es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. Asimismo, mencionó que se busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).

En su propuesta, el coordinador del grupo parlamentario señala que la pandemia por covid-19 ha relevado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales.

También, detalla que, en los últimos meses, el uso de TIC se ha vuelto esencial para el día a día, ya que su uso ha suplido con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales durante los tiempos de pandemia. El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia.

Sin embargo, denuncia el legislador, que “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.

Al respecto, explica, diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han recomendado a los Estados adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Monreal aseguró que el uso de las TIC en el sistema de justicia acarrea diversos beneficios como el ahorro de recursos, una mayor eficacia en la gestión de trámites, así como ventajas en términos de accesibilidad, transparencia, ecología, imparcialidad y seguridad.