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El gobierno estatal debería frenar la promoción que le está haciendo a la industria porcícola en la entidad y escuchar los reclamos de las comunidades indígenas, científicas y diversos colectivos en torno a las afectaciones ambientales y sociales que provoca la actividad porcícola, expresó la aboga de Indignación, Lourdes Medina Carrillo.
Dicha declaración surge porque el gobierno de Yucatán ha emitido documentos con los que pretenden quitar la suspensión de labores que actualmente tiene la megagranja de cerdos en Homún.
Al resolver el incidente de revocación de suspensión promovida por la compañía, el juez Rogelio Leal Mota determinó mantener cerrada la fábrica, en lo que concluye el juicio promovido por el pueblo maya de esa localidad.
Cabe recordad que, entre las pruebas presentadas por PAPO para intentar reabrir su planta, se encuentra un documento emitido en 2021 por la Secretaría de Desarrollo sustentable (SDS), la cual según el Juez no es novedosa, pues relata hechos del 2017, cuando la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) consideró- de forma irregular- que era viable la planta de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de dicha fábrica.
Además, no se aportaron exámenes parciales o científicos que garanticen que dicha planta evitara la contaminación del aire u otros impactos ambientales.
Medina Carillo explicó que el caso todavía no ha concluido, pues se están llevando dos carpetas, la primera por la suspensión que actualmente mantiene la granja cerrada y por la cuál la empresa porcícola podría interponer un recurso de revisión para que la última sentencia del Juez sea revisada por un Tribunal Colegiado.
En la otra carpeta se tiene contemplado el juicio principal o de fondo que aún está en trámite y en el que se pudiera decretar la inviabilidad absoluta de la granja.
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