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El Ejecutivo tendrá que pagar más de 100 millones de pesos al núcleo agrario por la ocupación de nueve hectáreas que incluyen los terrenos donde se construyó el distribuidor vial de Chichí Suárez, en el Periférico de Mérida.
Tras un proceso legal que se caracterizó por la tenacidad de los despojados y la impericia de los representantes del Gobierno del Estado, ejidatarios de Sitpach le ganaron al Ejecutivo la batalla jurídica por la ocupación de nueve hectáreas que comprenden el Anillo Periférico y obras de infraestructura, como el distribuidor vial de Chichí Suárez.
Los integrantes del núcleo agrario recibirá más de 100 millones de pesos por concepto de indemnización, ya que el fallo de un juez federal indica que se les paguen las tierras a valor comercial.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito, con sede en Mérida, que desechó un amparo directo administrativo que presentó el Gobierno del Estado.
Con este fallo el juez dio la razón definitiva a ejidatarios de Sitpach, que hasta la fecha no han recibido ninguna cantidad de dinero por la ocupación de sus tierras ejidales.
La sentencia deja firme una que emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, que concedió la razón al núcleo ejidal en este juicio que se inició en diciembre de 2013.
La sentencia condena al Gobierno a indemnizar a los ejidatarios por la ocupación de sus tierras. La particularidad de esta sentencia es que se obliga a la parte denunciada a pagar las tierras a precio comercial y no al valor que se hubiera hecho si se hubieran expropiado.
«En su momento el Gobierno tuvo la oportunidad de proceder a la expropiación de las tierras y pagar un valor mucho menor, pero no lo hicieron y construyeron sin indemnizar al ejido», explica el abogado de los ejidatarios, Fernando Alpuche.
«A estas alturas es impensable que se destruyan el Periférico y el distribuidor vial de Chichí Suárez para que esas tierras sean ocupadas nuevamente por cultivos, entonces lo más propicio es que el gobierno le pague al ejido lo que ahora le corresponde, pero en valor comercial», añade.
«En todo este tiempo nunca mostraron interés por solucionar el problema y por eso llegamos a las últimas consecuencias», explica. «Ahora lo que procede es que nos sentemos a la mesas para reunión en la que se acuerde el pago y la forma en que hará».
Fuente: Yucatán Ahora
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