By 
Los cuerpos sin vida de al menos ocho personas, presuntamente ejecutadas por el crimen organizado, que fueron hallados el pasado sábado en una comunidad del municipio de Chikindzonot, en el estado de Yucatán, colindante con el estado de Quintana Roo, no es nada nuevo.
Esto inició desde el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, cuando a través de Felipe Saidén Ojeda abrió las puertas al crimen organizado, trayendo a las familias de los delincuentes a Mérida, haciendo exactamente lo mismo que hizo en Quintana Roo hasta que el entonces alcalde de Benito Juárez Carlos Canabal Peniche y Eduardo Espinosa Abuxapqui lo sacaron literalmente a balazos: vender y revender el Estado a varios grupos delictivos antagónicos, generando la escalada de violencia que hasta la fecha no han podido controlar.
El Gobernador Mauricio Vila Dosal simplemente dio continuidad y poder plenipotenciario al comandante de la SSP para seguir aplicando esa medida suicida en Yucatán con las actuales consecuencias
Vila Dosal también lo hizo con tal de generar una organización delictiva de tanto o más tamaño, en el sector inmobiliario y empresas fantasma (factureras).
En ambos casos es una bomba de tiempo, máxime que los «clientes» de Saidén Ojeda ya empezaron a comprar miles de lotes con dinero caliente, fusionando así ambas bombas de tiempo.
Si fuera una simple operación de lavado de dinero masivo, pues sería un delito que no pondría al estado en riesgo inminente, pero lo malo es que son casualmente lo desarrollos fantasma auspiciados por el Gobierno del Estado los que más están adquiriendo para lavado de dinero, y el problema va a estallar cuando se den cuenta que fueron víctimas de un gigantesco fraude
Historial
Recordemos el 28 de agosto de 2008: los cuerpos decapitados de 12 hombres fueron localizados en Yucatán; 11 en la comunidad rural de Chichí Suárez, en Mérida, y uno en el municipio de Buctzotz, ubicado al oriente de la entidad.
El entonces subprocurador de Justicia del estado, Rafael Acosta Solís, informó que 11 de los cadáveres fueron encontrados por dos jóvenes al mediodía de ese jueves en montes del poblado de Chichí Suárez, situado al nororiente de esta capital. Ambos adolescentes dieron aviso a la policía.
Los 11 cuerpos estaban apilados, 10 de ellos totalmente desnudos y sólo uno con ropa. La mayoría tenía tatuajes en forma de dragón. Las autoridades estimaron que estos sujetos tendrían entre 25 y 35 años de edad. No presentaban heridas de bala.
Fuentes extraoficiales de corporaciones policiacas locales revelaron que algunos de los occisos eran elementos de cuerpos de seguridad de Cancún, Quintana Roo, Yucatán y posiblemente de otros estados.
Acosta Solís afirmó que estas personas habrían sido asesinadas y decapitadas en otros sitios y después abandonadas en los montes de Chichí Suárez.
Otro cuerpo decapitado fue hallado en el municipio de Buctzotz, ubicado a 180 kilómetros de Mérida. Trascendió que este hallazgo tendría relación con el primero.
Posteriormente fueron detenidos en la carretera Mérida-Cancún tres integrantes del Cártel del Golfo por su participación en los hechos
El “Chapo” Guzmán
Esthela de Jesús Ponce Beltrán, ex alcaldesa de La Paz, Coordinadora General de la Campaña de la aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, fue señalada en el juicio que se llevó a cabo en una contra federal de Nueva York en Estados Unidos, en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Durante el juicio del narcotraficante, un testigo de la Fiscalía del Estado de Nueva York, mencionó e involucró a Ponce Beltrán con “El Chapo”, quien traficaba con droga; el testigo, indicó que la entonces alcaldesa, había pedido ayuda para eliminar “a policías que la estaban molestando y que eran muy incómodos en la línea de mando”.
Dámaso López Núñez, en su testimonio contra Guzmán Loera en la corte federal en Brooklyn, describió a los jurados un intercambio de mensaje por BlackBerry, en los que indicó al “El Chapo” que la entonces alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, quería mandar a matar a policías de La Paz, mismos que estaban insubordinados.
Dirigentes políticos y asociaciones civiles en Baja California Sur, confirmaron las acusaciones de la presunta relación entre el narcotraficante mexicano con la ex alcaldesa; sólo se volvió oficial algo que era ‘vox populi’ para todos los habitantes de Baja California Sur.
La ex alcaldesa, fue la coordinadora de campaña de Ivonne Ortega Pacheco, quien se ha visto involucrada en escándalos de corrupción en el estado de Yucatán; en el último de ellos, se le acusó de ser la beneficiaria de recursos del sector salud del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, para poder iniciar su aspiración a la presidencia de México.
Ponce Beltrán, se mueve con dinero del narco y fue el mismo narco que pagó la campaña, así los dijo un ex colaborador a la ex funcionaria municipal.
“No sé cómo sabiendo todo lo que sabe de ella, Ivonne Ortega la eligió como coordinadora de la campaña, salvo Ivonne se esté salpicando con la misma agua”.
A la coordinadora de campaña de Ortega Pacheco, le interpusieron 22 demandas ante la PGR por actos de corrupción durante su alcaldía al frente de La Paz, al detectarse ciertos desvíos de recursos que ascienden a los 377 millones de pesos; aunque, hay algunas personas que aseguran que podrían ser más de 800 millones.
No obstante, se le acusa de haber autorizado el cambio de condición jurídica de dominio público privado durante su administración, de casi 80 parques y áreas verdes, para poder pagar deudas a proveedores. Estos cambios, solo beneficiaron a personas con intereses políticos de la ex alcaldesa y para hacer más fácil las operaciones a personas vinculadas con el narcotráfico.
Esthela Ponce, fue cuestionada ante las revelaciones que fueron dadas a conocer en el semanario de la ciudad de Tijuana Zeta, que la señala por sus actos de corrupción y su vínculo con el narcotráfico.
Comments