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El Parlamento de España aprobó definitivamente hoy una ley que despenaliza la eutanasia y regula el suicidio asistido, estableciéndolas como un derecho y una prestación del sistema nacional de salud, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
La propuesta fue hecha por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, la ley, que entrará en vigor en tres meses, fue validada en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, 2 abstenciones y 141 votos en contra, principalmente de la derecha y la extrema derecha.
España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
Una «Comisión de garantía y evaluación», compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.
La ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la izquierda y la derecha. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el «reconocimiento de los derechos», así como en una sociedad «más justa y decente».
La diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley, que da «libertad para decidir», resaltó.
Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que «no existe demanda social objetiva», y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas» y España puede convertirse en un país de «turismo eutanásico».
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