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Son ya los últimos días de la temporada de pesca de camarón. A las seis de la mañana las pangas se arremolinan en el muelle del pueblo y los hombres acomodan las redes suriperas y de línea (las tradicionales) para hacerse a la mar. Pescan en el “acuario del mundo”, como llamó Jacques-Yves Cousteau al Golfo de California, y lo hacen con una mezcla de incertidumbre y coraje. En ese azul acero que se vislumbra desde la playa conviven todos los días con la vaquita marina.
Durante varios años los expulsaron del mar (en la administración del priísta Enrique Peña Nieto); ahora están en busca de artes de pesca que no pongan en peligro a las 10 vaquitas que, se estima, sobreviven en este mar.
Eso no evitó que en 2018 el gobierno de Estados Unidos impusiera un embargo al camarón del alto Golfo de California, y de 500 pesos por kilogramo que obtenían en otros años, hoy lo venden cuando mucho en 230 pesos, pues no pueden exportarlo.
Además, con las redes suriperas autorizadas por el gobierno federal capturan apenas 10 por ciento del camarón que recogen con el tradicional chinchorro de línea.
Lorenzo Guadalupe García Carrillo, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe, dice que algunos pescadores aseguran que “nunca han visto a la vaquita marina”, pues creen que si se decreta que ya no existe, el problema terminaría.
En realidad, sucedería todo lo contrario, explican el dirigente y los especialistas. Las sanciones a México serían “fatales” para todas las pesquerías. Y pescadores y gobierno no encuentran solución a un problema cuyas presiones provienen de otra parte.
La salida de los ambientalistas extranjeros de la organización Sea Shepherd, después de que su barco Farley Mowat se impactó contra una pequeña panga y causó la muerte de un pescador, ha traído un poco de calma.
Sólo una embarcación quemada de la Armada de México y los cristales rotos de la embarcación del Museo de la Ballena recuerdan que aquí hubo incidentes violentos el último día de 2020.
Esta semana los pescadores están más expectantes que otras veces, pues el Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS) está convocado para reunirse el 25 de febrero. Todos quieren escuchar qué va a proponer María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La veda impuesta en 2015 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto consistió inicialmente en prohibir por dos años la pesca comercial con el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California, especialmente en los mil 841 metros cuadrados del área de refugio para la protección de la Vaquita Marina.
Para sacar a los pescadores del mar, el gobierno federal les dio una compensación de entre 4 mil y 8 mil pesos mensuales. El programa no satisfizo a todo el sector. Los inconformes afirmaban que no se apoyó a todos y que se benefició a personas que no se dedicaban a esta actividad. Así pasó el sexenio, y cuando llegó la administración de López Obrador se canceló el apoyo y se reabrió el mar, pero con muchas restricciones.
Los últimos meses fueron de roces y a veces enfrentamientos abiertos entre pescadores y ambientalistas, quienes se arrogaron el derecho de ir tras cualquier embarcación que se interpusiera en su camino. Piedras y todo tipo de objetos metálicos volaron de las pangas a las embarcaciones de Sea Shepherd, cuyas tripulaciones reventaban redes y respondían con agua a presión.
A partir de ese acuerdo presidencial devino lo que podría considerarse una serie de eventos desafortunados que se iniciaron precisamente con la prohibición de salir al mar, pues San Felipe es un puerto que ni propios ni extraños conciben sin la pesca, su principal motor económico junto con el turismo, que también está ligado a los productos y actividades marinas.
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