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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal.
En una informe de desempeño, parte de la revisión de la cuenta pública 2019 que se entregó el sábado ante diputados, el órgano fiscalizador detectó que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza, se resistió al proceso de fiscalización –al argumentar la suspensión de labores debido al Covid-19–, aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales, y ocultó información de un dirigente sindical, entre otras.
El haberse resistido a la fiscalización, agregó la ASF, “resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
Además, la dependencia no dispuso de una política, lineamiento o metodología para justificar cómo selecciona a los servidores públicos sujetos a investigación.
La ASF agregó que esto propició condiciones favorables para la actos de discrecionalidad en la selección de los funcionarios sujetos a investigación en 2019.
Detalló que en 10 indagatorias de evolución patrimonial, cinco se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, dos se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP y sólo tres fueron sugeridas por áreas de la dependencia.
Otra de las resistencias observadas fue la negativa a la entrega de información y documentación que se solicitó, en específico la correspondiente a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas durante todo 2019 ante los órganos internos de control, así como de los informes de presuntas responsabilidades administrativas formuladas el año pasado en estos órganos.
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